Las propuestas de la Unión de Abonados a la Comisión Taurina del Ministerio de Cultura

Con algunos días -prácticamente un mes-, nos llegan las propuestas que en su momento presentó la Unión de Abonados de España -a través de su presidente don José Luis Moreno-Manzanaro- a la Comisión de Trabajo sobre Tauromaquia  del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a cuya cabeza está Juan Antonio Gómez Angulo... más vale tarde que nunca. 

Nos parece totalmente adecuada esta representación, que de alguna manera es supra-local, nacional, y que representa -aunque muchos no estemos integrados en ellas- a las diferentes Uniones de Abonados repartidas por la mayor parte de la geografía patria. Es un organismo que, además, lleva años levantando la voz en defensa de los aficionados y ofreciendo posibles soluciones, con un magnífico equipo de letrados que saben de sobra lo que se hacen y que, por ende, son perfectamente competentes en la materia. Recordemos que, de su autoría fue la presentación del recurso de inconstitucionalidad de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, tras de la cual se decidiría a presentarla el PP. 

Por ello las propuestas esbozadas en el documento ofrecido son, a priori, de enorme interés y conviene leerlas y estudiarlas en `profundidad. es verdad que con alguna se puede diferir o es preciso matizar, pero en su conjunto sorprenden -si ello fuera posible con las personas que están al frente de la misma- por su cautela, sentido común y pragmatismo. 

Un toro de Vega Villar; el toro es uno de los elementos básicos y fundamentales de la fiesta, hasta ahora poco o nada cuidado por los políticos profesionales

Abogan porque organismos como la recién nacida Comisión, tengan muy en cuenta y se apoyen preferentemente en los aficionados, mucho más que en los sectores profesionales o que obtienen rendimientos económicos de la fiesta, que -querámoslo o no- siempre intentarán proteger su "negocio" por encima de los valores que hemos de defender en la fiesta de manera desinteresada. 

Defienden, en primera instancia, la creación de una "Política Cultural" que defina y marque las actuaciones preferentes en materia taurina, política clara y que debiera ser explícita, difundida y por todos conocida, para que podamos -cada cual a su nivel- conocerla, enjuiciarla, valorar sus resultados y modificarla -o promover su modificación- en caso necesario, por ejemplo el que no logre alcanzar lo propuesto. Esa política debería marcar los objetivos propuestos y proponer los medios tanto humanos como materiales para conseguirlos, tal y como se hace a diario en tantas empresas públicas y privadas, económicas o culturales. Sin conocer cuáles son sus ígnotos intereses, sus desconocidos objetivos y sus hipotéticos medios, difícilmente podrán los diferentes sectores colaborar en la consecución de los mismos y asegurar la idoneidad u oportunidad de los mismos.

Con lógica defienden, para ello, la creación de una Unidad específica, y no sólo de un responsable o responsables visibles. Y señalan, como ya lo hicimos tantos en su momento y hemos seguido manteniendo, que el traspaso de competencias entre Interior y Cultura ni es la panacea universal ni aun significa nada si no se disponen de los medios y objetivos adecuados. recuerden, además, que se ha devuelto a Interior la gestión de los Registros Profesionales, algo que era lo único, prácticamente que dotaba de contenido al traspaso. Y con coherencia, tal y como puede afirmar cualquier aficionado, defienden la vuelta de parte de las competencias hoy transferidas a las Comunidades al Estado, o al menos "deslindar" -palabra que utilizan- aquellas para lograr mejor la primordial defensa del espectáculo, que no tiene como tal un carácter local, ni regional, sino nacional y aun más amplio horizonte. 

Quizá su propuesta más ambiciosa, que saben enmarcar oportunamente, es la vuelta a una normativa común en la regulación de los aspectos básicos de la corrida de toros, esto es: "el desarrollo de los tercios de la lidia, especialmente el de varas, las características de las reses, la presidencia de los festejos, los reconocimientos y el sistema sancionador". Lógicamente ello, además, requeriría un nuevo marco que promueva la defensa como un hecho cultural inequívoco de la misma en nuestra patria, e incluso podríamos exigir la declaración de Bien de Interés Cultural tal y como se propuso en su momento por Pío García escudero (entonces portavoz del PP en el Senado y hoy Presidente del mismo) y que el PSOE (y la mayor parte de los otros grupos políticos, salvo UPN) decidió no sólo no apoyar, ni siquiera abstenerse, sino votar en contra porque alegaban la falta de competencias estatales en la materia, algo sin fundamento jurídico suficiente. Es buen momento para recuperar aquel discurso, ahora que se cuenta con mayoría absoluta...

En lo que, personalmente no estoy de acuerdo, es en la revisión de la Ley Taurina de 1991, que es cierto que no ha tenido el valor que suponíamos, pero que estaba claramente inspirada en la defensa del festejo y de los valores del mismo, así como en la de sus consumidores y soportantes: los aficionados. Creo que sigue siendo un adecuado marco legal, por más que su Disposición Adicional hable de las competencias autonómicas limitadoras en la materia. Dado que casi todas las regiones no han legislado más que en materia de festejos populares, y que sólo cinco de las diecisiete han desarrollado su propio Reglamento, se podría haber desarrollado esa política de defensa del festejo a nivel estatal para que fuera aceptada como Derecho supletorio en su caso, o instase a las Comunidades a legislar en tal sentido y así quedara claro quién está a favor de la fiesta y quién no. 

Y cvomo de aficionados se trata, como es lógico, defienden la integridad del festejo de manera clara y definitiva, abogando por la creación de una autoridad taurina supra-comunitaria que "ejerza de observatorio de su integridad, controle en última instancia la aplicación del régimen sancionador, dirija la persecución y sanción del fraude, y funcione como centro de interlocución de los problemas sectoriales".

Así que, nos alegramos de su intervención y sólo esperamos que, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se tengan en franca consideración los muy oportunas propuestas de la Unión de Abonados y se pongan manos a la obra, de verdad y con claridad, en la materia. 

Comunicado de la Unión de Abonados

PROPUESTAS DE LA UNIÓN DE ABONADOS TAURINOS A LA COMISIÓN DE TRABAJO SOBRE TAUROMAQUIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, EN LA REUNIÓN DEL 19 DE OCTIBRE DE 2012. 1º. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte debe disponer, junto a la política educativa y a la política deportiva, de una POLÍTICA CULTURAL COMPRENSIVA DEL MUNDO TAURINO, CON UNA VISIÓN Y UN TRATAMIENTO SISTEMÁTICO DE SU COMPLEJA PROBLEMÁTICA. Del mismo modo que se diseñan políticas y programas para el Cine, la Música y las Artes Escénicas debe dotarse de una política taurina con objetivos explícitos y programas coherentes con el orden de prioridades y las previsiones temporales de implementación. 2º. Para poder elaborar y ejecutar la política taurina el Departamento ha de contar de inicio con un Centro, Unidad o Servicio que tenga asignada la responsabilidad de su gestión con los medios adecuados, tarea aun no cumplida. 3º. Resulta capital no confundir el traspaso de las competencias taurinas ejercidas y recibidas del Ministerio del Interior -completamente marginales dado su abandono efectivo del sector– con las funciones a cumplir por el nuevo Ministerio en el que la consideración de la naturaleza cultural de la Fiesta abre un nuevo horizonte para un tratamiento global y regenerador. 4º. Resulta esencial en la actual situación heredada deslindar las competencias taurinas con las Comunidades Autónomas para que el Estado pueda asumir las obligaciones que le corresponden de servicio a los intereses generales de la Fiesta, dado que ésta no es una manifestación cultural local o regional sino primordialmente española, y como tal corresponde al Estado garantizar la protección y pervivencia de sus rasgos comunes. 5º. El Ministerio debe asumir la atribución y la potestad de dictar el derecho necesario en materia de ordenación básica de la fiesta en garantía de la preservación de su identidad como patrimonio cultural de los españoles, regulando aquellos aspectos que requieran un tratamiento que desborde el interés autonómico como las normas que rigen el desarrollo de los tercios de la lidia, especialmente el de varas, las características de las reses, la presidencia de los festejos, los reconocimientos y el sistema sancionador. Por ello, a medio plazo resulta ineludible la promulgación de una Ley Taurina que sustituya a la autoderogada Ley de 1991, vacía de contenido por efecto de su Disposición Adicional. 6º. Cuando la situación general del país lo permita, la política taurina habrá de tender a la conversión de los servicios taurinos del Ministerio en una Autoridad Taurina Común que a través de una organización ad hoc o de una red institucional responda de la situación y dote de credibilidad y transparencia al conjunto de la fiesta de los toros, ejerza de observatorio de su integridad, controle en última instancia la aplicación del régimen sancionador, dirija la persecución y sanción del fraude, y funcione como centro de interlocución de los problemas sectoriales, profesionales, empresariales y promocionales de los toros a escala nacional. La estructura organizativa podría seguir, a escala más reducida, el modelo del Consejo Superior de Deportes, con asociaciones federadas de configuración legal, u otro más parecido a las Comisiones Nacionales reguladoras de la competencia o de sectores estratégicos. 7º. El mayor obstáculo a superar para la consolidación de una organización corporativa en el sector taurino ha sido, y creemos que seguirá siendo, los contrapuestos intereses y enfoques de las partes en él implicadas, a lo que se añade la obsolescencia de sus prácticas de actuación y una tradición lastrada por un individualismo ancestral. Por ello entendemos que sólo una iniciativa pública puede dotar de impulso a la vertebración del sector, organizando los cauces de participación de sus varios componentes y resolviendo las contradicciones sobre la base del servicio a los intereses generales de la Fiesta y la defensa de sus valores esenciales. En la estructura institucional de gobierno de la Fiesta pensamos que la representación de los aficionados deberá ocupar un papel central pues su razón de ser estriba en servir al bien general de la Fiesta, situado en un plano superior al de los intereses profesionales y gremiales que, aunque legítimos, no alcanzan la altura de miras suficiente para determinar la política taurina que la Fiesta demanda y la sociedad española precisa. Madrid, 19 de octubre de 2012.